Demolición del Alto del Cuco

Hasta el día comenzó gris. A las 10 de la mañana del pasado día 5 de agosto dio comienzo el derribo de las 214 viviendas del Alto del Cuco. Las máquinas comenzaban a derribar las construcciones y con cada teja, ladrillo, pared o hueco de ventana caían ilusiones, expectativas y planes de vida que se apilaban en un montón de escombros.
Fue un día agridulce. Muy agridulce. Por una parte, porque se demuestra que éste Gobierno cumple con la legalidad impuesta desde distintos estamentos judiciales,  cumple con las sentencias de los Tribunales, porque se demuestra que no todo puede valer. Pero, por otra parte, fue un momento amargo ver cómo las máquinas derribaban ingentes cantidades de dinero procedentes de una inversión privada que tenía los permisos para edificar, a lo que hay que añadir, el dinero público que costará tanto el derribo como la regeneración ambiental y paisajística de la zona.

 

La avidez urbanística del PP ha sido una constante en toda España y en Cantabria no podía ser menos. La desprotección medioambiental que el PP infringió a zonas de alto valor paisajístico y al litoral a nivel estatal, tuvieron fiel reflejo en Cantabria con más de 600 construcciones sobre las que pesa sentencia firme de derribo y que se concentran fundamentalmente en municipios del litoral.

Lo cierto es que el Ayuntamiento de Piélagos, gobernado en aquel momento por el PP, otorgó licencia de construcción a sabiendas de que existían irregularidades porque ignoró los dictámenes que le llegaban de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y desde entonces, la cadena de acontecimientos ha provocado sucesos imposibles de comprender, imágenes que aún queman en nuestras retinas, como  el homenaje al causante de toda esta barbaridad urbanística de El Alto del Cuco, el entonces alcalde del PP. Ya había sentencias de derribo, ya habían dictaminado los tribunales que se había vulnerado la ley y, lo que es peor, los tribunales ya habían inhabilitado al hasta entonces alcalde, cuando el Presidente del PP, Ignacio Diego entendió que todo ello era motivo de reconocimiento.

Las máquinas destrozaban 214 viviendas y la irresponsabilidad del PP en sus labores de gobierno tanto a nivel municipal como regional en aquellos lugares en los que hay construcciones afectadas por órdenes de derribo lograrán enterrar millones de euros porque, además de hipotecar el futuro de ayuntamientos como el de Piélagos -que ha podido hacer frente a las sentencias judiciales por la ayuda que ha recibido del Gobierno de Cantabria- nos ha hipotecado a los cántabros y cántabras que tenemos que pagar a escote los desmanes urbanísticos.
Estaba claro que echar capas y capas de olvido a la realidad que suponían las sentencias de derribo en las distintas urbanizaciones no sólo no evitarían lo inevitable, sino que nos saldría mucho más caro. Y así fue. Así es. El PP no hizo nada por cumplir la ley y las sentencias judiciales, pero, lo que es peor, no hizo nada por aquellos afectados de esas licencias ilegales que han pasado años de dolor, sufrimiento, rabia, impotencia porque, además de saber que jamás podrían ocupar sus casas, no llegaba el resarcimiento por los daños morales a los que una sociedad decente debe hacer frente cuando existen casos como los que padecemos en Cantabria.

Este Gobierno ha abonado a los propietarios afectados por sentencias de derribo indemnizaciones por daños morales en nueve meses más que el PP en cuatro años de Gobierno pese a ser ellos los causantes de esta situación. Es una forma -seguro que insuficiente- de quitarles a las familias esa parte de sufrimiento que supone reclamar las indemnizaciones ante los tribunales.

Ya sabemos cuál es el modelo de Gobierno del PP cuando llega al poder, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y este caso es uno de ellos. Por desgracia no será el único.

Cuando llegó el nuevo Ejecutivo nos comprometimos a hacer política por y para las personas. Y hacerlo supone también, entre otras muchas cosas,  impulsar y revisar los Planes Generales de Ordenación Urbana de aquellos municipios con construcciones afectadas por sentencias de derribo, para que en caso de que se puedan salvar situaciones de ilegalidad, se resuelvan evitando así su demolición.

También supone acatar las sentencias judiciales y, sobre todo, no echar capas de olvido para silenciar la voz de los afectados sino poner soluciones encima de la mesa.